A POR EL REY: LA ESTRATEGIA POLITICA PARA DESLEGITIMAR LA MONARQUÍA E INSTAURAR UN NUEVO RÉGIMEN
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El análisis planteado por el general Rafael
Dávila en un reciente vídeo publicado en su canal de YouTube titulado VAN A POR EL REY merece una reflexión que vaya más allá de
la controversia política del momento. La cuestión de fondo no es únicamente la
figura de Felipe VI. Lo que está en juego es la legitimidad y la fortaleza
de las instituciones que sostienen nuestro sistema constitucional.
Conviene hacer una aclaración importante: una democracia puede y debe admitir la crítica.
Lo que resulta preocupante es que esa crítica termine transformándose en una
estrategia permanente de erosión de la confianza ciudadana.
La Corona como diana
estratégica
La Corona ocupa una posición singular dentro de
la arquitectura constitucional española. Felipe VI no gobierna ni legisla. Su
función constitucional es la de jefe del Estado y símbolo de su unidad y
permanencia. Precisamente por ello, cualquier intento de atribuirle
responsabilidades ejecutivas o legislativas que no le corresponden puede
contribuir a desdibujar su verdadera función institucional.
La crítica al Rey forma parte, naturalmente, de
la libertad de expresión.
La Monarquía, como cualquier otra institución, está sometida al escrutinio
público. Pero también es legítimo preguntarse si determinadas campañas de
deslegitimación persiguen simplemente cuestionar a una persona o si pretenden
erosionar la propia institución que representa. Una actitud que abre la puerta al
cuestionamiento global del orden constitucional.
Del cuestionamiento
institucional al cambio de régimen
Aquí es donde la reflexión adquiere una
dimensión política de mayor alcance.
En España existen legítimas posiciones
republicanas, federalistas, confederalistas y partidarias de una reforma
profunda de la Constitución. Todas ellas tienen derecho a expresarse y a
participar en el debate democrático.
El problema no está, por tanto, en defender una
alternativa al modelo vigente. El problema aparecería si se pretendiera
modificar las bases del sistema no mediante los procedimientos democráticos
previstos, sino a través de una previa deslegitimación de las instituciones que
lo representan.
Una democracia puede reformar su Constitución. Puede incluso sustituir un modelo
institucional por otro si existe una voluntad democrática suficiente y se
siguen los procedimientos correspondientes. Lo que no debería hacer es
destruir previamente la confianza en sus instituciones para después presentar
su sustitución como la única salida posible.
De ahí la importancia de observar con atención
el lenguaje político. Cuando las instituciones comunes se presentan
constantemente como obstáculos, cuando la Corona aparece como responsable de
decisiones que constitucionalmente no dependen de ella, cuando la Constitución
es descrita únicamente como un vestigio del pasado y cuando la confrontación
sustituye progresivamente al acuerdo, no estamos simplemente ante una discusión
política más. Estamos ante una disputa sobre el modelo de convivencia.
El espíritu de la
Transición
En El espíritu de la Transición:
Conversaciones para nuestro tiempo he defendido la importancia de aquel
esfuerzo colectivo que permitió a españoles procedentes de posiciones políticas
muy diferentes construir un marco común de convivencia.
La Transición no fue perfecta. Ningún proceso
político protagonizado por seres humanos puede serlo. Pero tuvo una virtud
extraordinaria: hizo posible que quienes pensaban de manera radicalmente
diferente aceptaran unas reglas comunes para convivir y discrepar dentro de
ellas.
La Constitución de 1978 fue el resultado de ese
esfuerzo. Y la Corona formó parte de aquella arquitectura institucional.
Por eso, defender la vigencia de la Constitución
y el papel constitucional de la Monarquía parlamentaria no significa negar que
España necesite reformas. Significa recordar que reformar no es lo mismo que
deslegitimar; discrepar no es lo mismo que destruir; y cambiar las reglas
no es lo mismo que dejar de respetarlas.
La polarización como
herramienta
Uno de los mayores peligros para cualquier
democracia no es la existencia de opiniones enfrentadas. Es la
transformación del adversario político en enemigo.
Cuando una sociedad queda atrapada en una lógica
permanente de bloques, cada institución termina interpretándose desde la
identidad partidista. El Parlamento deja de ser un espacio de deliberación. La
Justicia se contempla desde la afiliación política. Los medios de comunicación
se clasifican entre amigos y enemigos. Y la propia Corona acaba convertida en
otro campo de batalla.
Ese proceso tiene consecuencias profundas. Una sociedad que deja de confiar en sus
instituciones termina siendo mucho más vulnerable a quienes prometen
sustituirlas por otras sin explicar suficientemente qué vendrá después.
Por eso la polarización no debería contemplarse
únicamente como un problema de convivencia. Puede convertirse también en una
herramienta política de transformación institucional.
¿Monarquía, república
o algo diferente?
El debate sobre el futuro de España no debería reducirse a una falsa disyuntiva entre quienes quieren mantener todo como está y quienes quieren destruirlo todo. La pregunta democrática es otra:
¿Qué
modelo de Estado queremos los españoles y mediante qué procedimiento estamos
dispuestos a decidirlo?
Quien quiera una República tiene derecho a
defenderla. Quien quiera una Monarquía parlamentaria tiene derecho a
defenderla. Quien quiera reformar la Constitución tiene derecho a proponerlo. Pero
cualquiera de esas transformaciones debe poder ser discutida abiertamente,
sometida al debate ciudadano y articulada mediante los procedimientos
democráticos correspondientes.
La cuestión esencial no es, por tanto, si España
puede cambiar. La cuestión es cómo cambia.
No se trata solamente
del Rey.
Quizá por eso el verdadero debate que suscita el
vídeo del general Dávila no sea exclusivamente la defensa de Felipe VI. Es algo mucho más importante.
Se trata de decidir si queremos seguir
construyendo nuestra convivencia sobre unas instituciones comunes capaces de
integrar nuestras diferencias o si vamos a permitir que cada institución sea
convertida en un arma de confrontación política.
La Corona puede ser discutida. La Constitución
puede ser reformada. El modelo de Estado puede ser debatido. Pero todo ello
debe hacerse desde el respeto a las reglas democráticas y desde la convicción
de que España no necesita más trincheras, sino más espacios de encuentro.
Porque defender las instituciones no significa
sacralizarlas. Significa reconocer que una democracia necesita instituciones
legítimas y estables para que la discrepancia pueda existir sin convertirse en
ruptura.
La pregunta que
deberíamos hacernos
España ha vivido uno de los periodos más largos
de estabilidad, desarrollo y libertad de su historia contemporánea. No todo ha
funcionado bien. No todas las instituciones han estado a la altura. Y muchas
cosas necesitan ser reformadas. Pero destruir la confianza en el edificio
constitucional sin saber con claridad qué edificio queremos construir después
sería una enorme irresponsabilidad.
Por eso, más que preguntarnos solamente si existe una estrategia para ir «a por el Rey», deberíamos hacernos una pregunta mucho más profunda:
¿Estamos asistiendo a una legítima disputa política
sobre la Monarquía o a un proceso progresivo de deslegitimación de las
instituciones que puede terminar afectando al propio modelo constitucional?
La respuesta corresponde a los ciudadanos. Y
precisamente por eso necesitamos menos consignas y más reflexión. Menos
enfrentamiento y más diálogo. Menos trincheras y más concordia.
Porque una democracia puede sobrevivir a muchas
reformas. Lo que difícilmente puede sobrevivir es la pérdida permanente de
confianza en las reglas que permiten convivir a quienes piensan diferente.
Seguramente este sea hoy el verdadero desafío de
España: construir el futuro sin destruir los puentes que hicieron posible la
convivencia. Porque un país no avanza cuando derriba lo que lo une, sino
cuando es capaz de construir sobre ello.
✨✨✨
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| Autor de Ideas |
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